Un exvicepresidente de la República está entre al menos tres diputados que son dueños de tierras compradas por el Estado para destinarlas a campesinos pobres. Transacciones trianguladas, terrenos vendidos a menos de la mitad del precio a que habían sido adquiridos y funcionarios de elección popular beneficiados perfilan una arista poco conocida del proceso de la reforma agraria que inició en 1980.
Cuando Felino García fue beneficiado por la reforma agraria, recién había cumplido los 85 años de edad. Vivía en un cantón de casas desperdigadas conocido como Llano Los Patos, en La Unión. Era un campesino sin dinero y sin tierras y encajaba en el perfil de personas a quienes el Estado debía beneficiar para cumplir dos propósitos: redistribuir riqueza y buscar la justicia social. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) había pasado dos décadas entregando a campesinos desposeídos trozos de los desmembrados latifundios y el 27 de febrero de 2002 llegó el turno de Felino: aunque el ISTA entregaba un lote agrícola y un solar para vivienda a cada campesino, a Felino le entregó no uno ni dos ni tres lotes, sino 23, ubicados a la orilla del mar. 16 meses más tarde, uno de esos terrenos ya estaba en manos de un diputado.
El Faro encontró que además de este diputado del Partido de Conciliación Nacional, otros dos legisladores -uno del FMLN y otro exvicepresidente de la República y ahora legislador pecenista- terminaron como propietarios de tierras en teoría reservadas para personas con escasos recursos, aunque con la diferencia de que estos dos últimos las recibieron directamente del ISTA, y no gracias a intermediarios. Las tres transacciones se hicieron entre 1994 y 2003.
En el caso del anciano Felino García, la autorización de la venta de los 23 lotes la hizo la junta directiva del ISTA dirigida por Miguel Tomás López Iraheta. En los otros dos casos, los beneficiarios obtuvieron lotes en asentamientos comunitarios, proyectos que según la ley del ISTA deben estar dirigidos a campesinos sin tierra, arrendatarios, jefes de familias, colonos o asalariados agrícolas que tengan una “reconocida aptitud para la agricultura”.
En teoría, las personas que aspiran a ser beneficiadas con los proyectos de asentamientos comunitarios deben presentar una constancia de carencia de bienes y documentos personales. Los técnicos de las oficinas regionales del ISTA determinan si cumplen con los requisitos y la jefatura crea una boleta que envía al departamento de asignación individual, en las oficinas centrales, en San Salvador, donde los documentos son revisados nuevamente. Entonces, ¿por qué un vicepresidente de la República y dos diputados reciben beneficios de la reforma agraria? ¿Qué es lo que falló en un sistema liderado por una institución que ya tiene a uno de sus expresidentes bajo arresto por presunta corrupción y por negarse a enmendar una ilegalidad en el reparto de tierras?
Un funcionario del ISTA que pidió el anonimato porque no está autorizado para hablar sobre estos casos, explicó cómo funciona la teoría: “En la oficina central hay un filtro que está computarizado. Si en la boleta dice que la persona califica, pero en los documentos se sabe que no califica, el sistema lo anula." Ante la realidad de estos tres casos, su explicación es esta: "Si por A o B motivos que no están a su alcance... me refiero a que alguien de mayor autoridad le diga "pasalo"... porque en la jefatura ponen políticos y no necesariamente conocen el trabajo. Ahí se le durmió el pájaro o quiso que se le durmiera, este volado ya da qué pensar”.
López Iraheta está siendo procesado en el Juzgado Séptimo de Instrucción por la entrega ilegal de unos lotes a sus dos guardias de seguridad, en el año 2001, y por no promover la recuperación de 514 solares que fueron repartidos arbitrariamente entre los empleados del ISTA.
Ya en 1998 la Corte de Cuentas cuestionaba una entrega de tierras en Corral de Mulas, en Usulután. Las parcelas fueron entregadas a los beneficiarios pese a que el ISTA no tenía ni la solicitud, ni los datos generales de los supuestos campesinos beneficiarios, ni una resolución con valor jurídico que respaldara el reparto. Un exdirigente campesino que tiene años de ser diputado y que en la Asamblea Legislativa ha estado inmerso permanentemente en el tema de la reforma agraria, asegura que esta se desnaturalizó. “Hubo una garduña en el ISTA, repartiéndose en los empleados y amigos de los empleados los mejores lotes y las mejores parcelas de aquellas propiedades que el ISTA no había adjudicado, a orillas de playa, a orillas de carreteras, a orillas de centros urbanos. Eso es verdad y por eso ha habido hasta una orden de captura contra el expresidente del ISTA por ese tipo de manoseos”, dice Orlando Arévalo.
El campesino vicepresidente
Hace 27 años, el Estado salvadoreño compró un poco más de 605 manzanas en la zona costera del municipio de San Pedro Masahuat, en La Paz. Aquella planicie arenosa, donde hay cocoteros y se respira el aire salado que llega del estero de Jaltepeque, se llamaba Hacienda Las Hojas y se convirtió en un asentamiento comunitario por orden de dos leyes que regulaban la reforma agraria, destinado a campesinos.
10 años más tarde, el domingo 20 de marzo de 1994, El Salvador celebraba elecciones generales. El partido Arena, de derechas, se veía obligado a ir a una segunda ronda para definir la presidencia de la República, pero lo que sí era firme era que al presidente Alfredo Cristiani y al vicepresidente Francisco Merino López les quedaban un poco más de dos meses de mandato. Al siguiente día, el ISTA seguía su tarea de repartir tierras y ese lunes entregaba el lote 97-1, ubicado en el polígono A, del asentamiento comunitario #1 de Las Hojas. La propiedad mide 1,168.65 metros cuadrados y está ubicada frente al mar, a escasos metros de un resort. El beneficiario se llamaba José Francisco Merino López, quien hoy es vicepresidente de la Asamblea Legislativa por el Partido de Conciliación Nacional. El traspaso consta en el Registro Social de Inmuebles de La Paz.
El ISTA incluso elaboró una lista de pobladores de la zona que serían beneficiados con el reparto de Las Hojas. La lista incluía a campesinos, pequeños agricultores, empleadas domésticas, comerciantes y jornaleros. Entre ellos, en la casilla 15 aparece el nombre de Merino, y en el espacio destinado a consignar la ocupación de la persona beneficiada, no se menciona "vicepresidente de la República", sino "agricultor". Un agricultor de 42 años que tenía ya más de 12 de ejercer cargos públicos cuando logró una porción de la otrora propiedad de Inmobiliaria Comercial Agrícola Industrial (Incai).
La propiedad del Incai era parte de un conjunto de haciendas que se extendían en la franja costera del departamento de La Paz y que fueron compradas por el ISTA en 1984. El Estado pagó 5.2 millones de colones (en aquellos días unos 2 millones de dólares) por la propiedad, una transacción exenta del pago de impuestos porque los bienes adquiridos estaban destinados a fines de utilidad pública, como se etiquetó el proceso de compra-ventas de la reforma agraria.
Para respaldar la compra de la Hacienda Las Hojas, el entonces presidente del ISTA, Jorge Arturo Argueta, invocó la ley básica para la reforma agraria y la ley para la expropiación de haciendas mayores de 500 hectáreas, decretos aprobados por la Junta Revolucionaria de Gobierno en marzo de 1980. La ley básica tenía, entre sus considerandos, uno que decía que el propósito de la reforma era responder a la decisión de “adoptar medidas conducentes a la distribución de la riqueza nacional”.
El pasado jueves 11 de agosto, El Faro le preguntó a Merino cómo justificaba que hubiera sido beneficiado con un terreno en teoría destinado a campesinos sin tierra y sin dinero para adquirir una propiedad. Merino reconoció que es dueño de un lote, pero aseguró que él no sabía que era del ISTA, porque lo adquirió de otra persona.
El legislador, además, se pinta como víctima. Dice que le vendieron un terreno baldío cubierto de maleza, donde no hay construcciones y que eso lo ubica más bien como una persona estafada. Dijo que eso iba a demostrarlo con documentos durante la semana siguiente.
-Yo titulé dos veces y pagué dos veces esa tierra. Tuve bastantes problemas, pero tengo toda la documentación… -dijo, vía telefónica.
Merino no especificó los problemas derivados de la compra del lote 97-1 porque dijo que daría una entrevista el lunes 15 de agosto. Un día después, una persona que se identificó como la secretaria del diputado llamó a El Faro y volvió a preguntar el motivo de la entrevista. Se le explicó de nuevo el motivo de la solicitud y prometió hacer llegar la información al vicepresidente de la Asamblea. Al cierre de esta nota, Merino aún no ofrecía una fecha para la entrevista.
Ese mismo año de la compra del lote 97-1, Merino compró otra propiedad en el mismo departamento de La Paz, que hizo que la autoridad pusiera los ojos sobre él. Ocho meses después de adquirir el lote del ISTA en el asentamiento comunitario Las Hojas, el 8 de noviembre de 1994, el diputado compró un terreno en el cantón Las Flores, del municipio de San Luis Talpa. La transacción en la que desembolsó 582 mil 87 colones pasó inadvertida hasta julio de 1999, cuando buscó la reelección para la presidencia de la Corte de Cuentas.
La Asamblea Legislativa de esa época le cuestionaba el crecimiento de su patrimonio que plasmó en su declaración jurada. Lo que más resaltaba era la adquisición de 13,560 metros cuadrados de la exhacienda Salamar, terreno que una empresa donó a la alcaldía de San Luis Talpa para destinarlo a ser zona verde, pero que terminó en manos del diputado. El alcalde Yohalmo González fue procesado y exonerado por la venta, pero Merino no fue reelegido presidente de la Corte de Cuentas, aunque la propiedad sigue a su nombre. La que un día fue zona verde, ahora ha sido utilizada como garantía en unos préstamos bancarios del diputado.
Un escaño legislativo y dos terrenos
El lunes 3 de noviembre de 2003, el ISTA entregó a otro beneficiario un lote agrícola y un solar ubicados en el asentamiento comunitario Hacienda San Francisco Uluminapa, en el cantón Flor, del municipio de Santiago de la Frontera, en Santa Ana. Habían pasado seis meses desde cuando la legislatura 2003-2006 había tomado posesión, y una ley de reactivación del sector agropecuario permitió al diputado Luis Alberto Corvera Rivas, del FMLN, convertirse en el nuevo propietario de los inmuebles. Corvera Rivas también ha sido gerente de desarrollo social de la alcaldía de Santa Ana.
El parlamentario justifica que la mayor parte de su vida se dedicó a cultivar la tierra, se define como un campesino y alega que los trámites para el traspaso de los dos terrenos se originan en una época previa a cuando él asumió como diputado. En su currículo, efectivamente aparece su participación como miembro de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) a finales de la década de 1970.
La junta directiva del ISTA encabezada por Tomás López Iraheta autorizó el proyecto de lotificación agrícola y asentamiento comunitario Hacienda San Francisco Uluminapa el 29 de mayo de 2003, según un acuerdo de la sesión ordinaria 20, punto 33. Eso significa que cuando se comenzó a tejer el destino legal de los lotes y solares, Corvera Rivas ya había ganado una diputación y había tomado posesión de ella el 1 de mayo.
En junio de 2003, López Iraheta dio un poder especial a José Armando Zepeda Valle para tramitar el registro de los inmuebles, "que han sido localizados dentro de las nuevas opciones de tenencia de tierras”. Cuatro meses más tarde, el lote 21 del polígono 2, y el solar 4 del polígono C, ya tenían propietario, y así quedó registrado en los documentos oficiales. “Acuerdo de Junta Directiva ISTA, punto 19, de la sesión ordinaria 38-2003, del 19 de octubre de 2003 se acordó vender al señor Luis Alberto Corvera Rivas por el precio de 8,543 colones ($976.38) suma de dinero que fue cancelada en aplicación al artículo 3 de la ley especial para facilitar la cancelación de las deudas agraria y agropecuaria”.
La venta del lote de 8,819.09 metros cuadrados (más de una manzana de extensión) se registró el 3 de noviembre de 2003. Ese mismo día se elaboró la escritura por el solar 4 del polígono C, de una extensión de 349.45 metros cuadrados y valorado en 499.71 colones (57.10 dólares). “El ISTA le vende con las limitaciones, obligaciones y prohibiciones establecidas en las leyes y reglamentos relativos a la reforma agraria. La transacción está exenta del pago de toda clase de impuestos y derechos de registro”, reza el documento.
Después de ser apoderado especial del ISTA, Zepeda Valle se convirtió en presidente de la institución desde junio de 2007 hasta marzo de 2009. En este momento es procesado por el delito de actos arbitrarios en el Juzgado Séptimo de Instrucción, pues se le acusa de no recuperar los terrenos entregados a los empleados del ISTA. Zepeda Valle goza de libertad condicional.
Compró a $11,000 y vendió a $4,000
Aquel anciano de 85 años que había recibido 23 lotes a la orilla del mar de parte del ISTA, tardó apenas 13 meses en deshacerse de uno de ellos, vendiéndolo a más de 211 veces el precio al que lo había obtenido. Los terrenos están ubicados en la playa Las Tunas, de La Unión, y el ISTA los había segregado de la Hacienda El Encantado. Adquiridos a 54 dólares cada uno en febrero de 2002, en marzo del siguiente año, Felino García los vendió a José Saravia, su hijo. Y luego solo pasaron otros cuatro meses para que José Saravia, a su vez, se deshiciera del terreno vendiéndolo a menos de la mitad del precio que él había pagado. El nuevo comprador, el nuevo propietario, el nuevo beneficiario del reparto del ISTA se llama Elizardo González Lovo, diputado del PCN y secretario de la junta directiva de la Asamblea Legislativa.
Saravia perdió más de 7 mil dólares en apenas cuatro meses y el ISTA se quedó sin cumplir uno de sus objetivos, que es que el beneficiario haga producir la tierra. El beneficiario, en este caso, hizo un negocio al vender el terreno a su hijo en 11 mil dólares. Una escritura que data del 23 de marzo de 2003 consigna que el marinero José Saravia pagó 11,428 dólares por el inmueble, pero cuatro meses después lo vendió en 4 mil dólares a Elizardo González Lovo, diputado por el departamento de La Unión.
El lote que ahora pertenece a González Lovo era parte de la Hacienda El Encantado, una propiedad que el Instituto de Colonización Rural (ICR) compró en 1956 a Ferdinand Vincente Huber. La institución que tenía por lema "al servicio del campesino" pagó 375 mil colones para adquirir las 10,367 hectáreas que se repartirían entre campesinos y pequeños agricultores. Con la desaparición del ICR, el proceso de entrega de tierras a los campesinos y la venta de los terrenos con vocación turística –terrenos a orillas de playa- quedó bajo responsabilidad del ISTA.
La ley del ISTA no contempla la venta de terrenos con vocación turística. Esa facultad se la atribuyó la misma junta directiva de la institución por medio de un acuerdo que le permitiría que cualquier persona pudiera adquirir de esa dependencia una propiedad con fines turísticos. La condición que acordó la directiva del ISTA fue que debía haber un valúo de la propiedad que no podía ser inferior al valor comercial de los terrenos circundantes similares. En las adjudicaciones a Felino García no existió ese peritaje. El Faro buscó la explicación del campesino, pero este falleció tres años después de haber sido beneficiado. A estas alturas, en el cantón Llano Los Patos nadie parece recordarlo. Ahí también les resulta extraño el nombre de Hilda Amelia Martínez de Berríos, la mujer que a ruego del anciano firmó la escritura, dado que él no sabía leer ni escribir. Según el registro de la alcaldía de Conchagua, Felino murió en 2005.
Según el Centro Nacional de Registros, González Lovo también es dueño de un lote en la zona B, del polígono El Tamarindo-Jagüey. Él reconoce que compró esa propiedad al ISTA, pero asegura que pagó 6 dólares por vara cuadrada. En esa zona hay varios terrenos en venta, cuyos precios rondan los 26 dólares por vara cuadrada.
A pocos kilómetros de la playa El Tamarindo destaca una construcción de sistema mixta, con vidrios oscuros, que se levanta sobre los muros que protegen los lotes 25 y 26 del polígono Playas Blancas. Esa también es propiedad de González Lovo y también fueron propiedad del ISTA.
Entre agosto y septiembre de 2007, la gerencia legal del ISTA modificó dos actas, una de 1967 y otra de 1974, para adjudicar dos lotes del polígono Playas Blancas a la estadounidense Leslie Carole Keilhauer Ferrán. Ella presentó constancias del Registro de Créditos de la gerencia legal de esa institución para demostrar que había pagado un mil 198 dólares por los dos inmuebles 27 años antes; es decir, a inicios de la década de los 80.
El ISTA traspasó los lotes a Keilhauer Ferrán el 25 de enero de 2008. "La transacción está exenta del pago de derechos de tasas registrales y catastrales por las reformas a la ley especial para facilitar la cancelación de las deudas agraria y agropecuaria", dice el documento. Tres meses más tarde, en abril de 2008, la mujer vendió en 35 mil dólares los lotes al diputado González Lovo.
El diputado y dirigente pecenista dice que solo compró dos lotes al ISTA y que el resto de inmuebles que posee en la zona los adquirió de particulares y él no sabía que eran beneficiarios de la reforma agraria. González Lovo dice no ver problema en algo que según él está dentro de la legalidad. "No se compliquen, hombre", sugiere, sonriente.
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mayo 14, 2010, 12:43:16 pm
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